Los hilos sueltos de “Macaco”

Cada vez que la justicia requiere un testimonio de importancia relacionado con el paramilitarismo, lo protagoniza Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Eso  demuestra que, más allá de los hermanos Castaño, Don Berna o Mancuso, el hombre fuerte de las autodefensas fue este individuo, hoy condenado a 33 años de prisión en Estados Unidos y expulsado de la ley de Justicia y Paz. Su nombre vuelve a sonar porque una de sus declaraciones se refundió por algún tiempo en la Corte Suprema y eso le costó el puesto al magistrado auxiliar Álvaro Pastás, que investigaba coletazos de la parapolítica.

 

El tema ha sido manejado con pinzas en el alto tribunal, que hace tres semanas, a través de un comunicado, se limitó a decir que había perdido la confianza en el exjuez e investigador Pastás y por esa razón lo declaró insubsistente. Hoy el asunto es motivo de averiguación en la Procuraduría y existe un testigo que asegura que no sólo el destituido les puso el freno a los señalamientos que Macaco sigue haciendo desde una cárcel de Miami. Lo cierto es que, a pesar de su compleja situación judicial, el extraditado jefe paramilitar no cesa en su ventilador y aún falta mucho.

 

La última semana de febrero, un fiscal lo visitó para saber qué podía decir sobre Santiago Uribe Vélez, Santiago Gallón Henao y Juan Villegas. El jefe paramilitar no dio mayores detalles y en cambio se quejó de que a cada declaración suya le sale una denuncia en contra por falso testimonio. Además argumentó que la policía amenaza a su familia por sus señalamientos. Cabe recordar que uno de los testimonios claves contra el actualmente detenido general (r) Flavio Buitrago, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, lo dio  Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

 

Lo paradójico es que en los prontuarios judiciales su nombre apenas empezó a figurar cuando se hizo público el proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas. Ya era un hombre poderoso y su estructura del bloque central Bolívar se había convertido en una avanzada paramilitar que llegó a extenderse hasta Antioquia, Santander, Vichada, Putumayo, Risaralda, Caquetá, Arauca o Caldas. Quizás por eso, como ninguno otro, hoy sigue siendo pieza determinante para aclarar episodios ilegales de minería, fútbol, robo de gasolina, lavado o narcotráfico.

 

Un intento por desandar sus pasos en la ilegalidad es recorrer la historia reciente del país y la diversidad de sus delitos. Nacido hace 49 años, creció en Dosquebradas (Risaralda), donde su padre tenía una carnicería. De esos tiempos, por un accidente casero surgió su apodo de Macaco. No cursó estudios porque desde muy joven se involucró con el narcotráfico. Era la época en la que el cartel del norte del Valle tenía su imperio en el Cañón de las Garrapatas, y junto a Hernando Gómez, alias Rasguño, y después con Wílber Varela, alias Jabón, aprendió los secretos de la droga.   

 

Con el paso de los días, en la medida en que fue diversificando sus negocios por el poder de sus dineros calientes, encontró un epicentro personal: el departamento del Putumayo, entonces convertido en región clave para la expansión cocalera. Sin embargo, ese era también territorio de la guerrilla y, presionado por las Farc, se vio forzado a dejar la zona. Así que, a mediados de los años 90, se trasladó al que convertiría en su primer fortín: la región del Bajo Cauca antioqueño. Allá decidió imitar a algunos ganaderos que apoyaban grupos armados y se volvió autodefensa.

A principios de 1997 conoció a Vicente Castaño y con su apoyo fue aglutinando grupos desde Tarazá o El Bagre hasta Piamonte, Yarumal, Planeta Rica o Montelíbano. Las autodefensas necesitaban dinero para financiar la guerra y Macaco empezó a aportarlo a raudales. Tanto que la casa Castaño fue ampliando su poder hasta constituir el bloque central Bolívar. Era el momento en que las autodefensas arrasaban en Santander o el sur de Bolívar y Macaco, junto a Ernesto Báez, consolidaron un frente común para oponerse a un despeje militar para el Eln.

 

A mediados de 2001 ya era tal el poder de Macaco, que el propio Carlos Castaño se vio forzado a renunciar a la comandancia de las autodefensas. Se reformó el estado mayor, una cúpula de nueve comandantes asumió el trono y en las entrañas del paramilitarismo quedó claro quién era el nuevo mandamás. Entonces se hacía llamar Javier Montañez y su bloque central Bolívar se convirtió en una máquina de guerra e ilegalidad con tentáculos en ocho departamentos. Fue tal su hegemonía, que se daba el lujo de  mediar en la barbarie de bandas opuestas en el norte del Valle.

 

En 2003 se abrió camino el proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas y Macaco ofició como negociador. El 12 de diciembre de 2005, en la vereda San Cristóbal del municipio de Remedios (Antioquia), se desmovilizó junto a 1.922 supuestos miembros de su estructura. Fue tal la ostentación de su poder, que entregó dos helicópteros, una urbanización completa en Cáceres (Antioquia) y cuatro fincas con 2.600 cabezas de ganado. La sumatoria de su primera oferta fue avaluada en $113.000 millones. Hasta ese momento era el dueño de todo y de todos.

 

Sin embargo, casi con su desmovilización empezaron sus líos. El proceso de paz lo obligaba a contar la verdad y comparecer ante la justicia, y en pocos meses ya tenía en contra un verdadero alud de señalamientos. Aunque públicamente reconoció que el narcotráfico financió su guerra y que el robo de gasolina lo hizo en particular en el Magdalena Medio, ya había estallado el escándalo del DAS en la era Jorge Noguera, y el entonces subdirector José Miguel Narváez acusó a Macaco de manejar una central de inteligencia paralela en el organismo de inteligencia. 

 

En 2006, cuando la Corte Constitucional dejó en sus justas proporciones la Ley de Justicia y Paz y el proceso con las autodefensas entró en crisis, se convirtió en el hombre a neutralizar. Luego estalló el escándalo de la parapolítica y antes de que el paramilitarismo reorganizara sus frentes, el gobierno Uribe puso en la cárcel de Itagüí a sus principales comandantes. Corría el mes de agosto de 2007 y el dilema principal era qué hacer con Macaco. Estuvo en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y pasó 23 días preso en un buque de la Armada. Las autoridades conocían su poder. 

 

El 7 de mayo de 2008, una semana antes que los demás jefes paramilitares, Carlos Mario Jiménez fue extraditado a Estados Unidos. De inmediato, como la caja de un mago, empezaron a relucir sorpresas judiciales. A su esposa y varios particulares les abrieron procesos por testaferrato; a fines de julio fue acribillado a balazos en la tienda Unicenter de Buenos Aires su mano derecha, Héctor Edilson Duque, alias Monoteto; y en medio del masivo decomiso de sus bienes cayeron dos de sus testaferros: Alejandro Sánchez, alias Scooby, y Santiago Martínez Cortecero.

 

A finales de ese mismo 2008 estalló el escándalo de la captadora ilegal de dinero DMG y pronto se supo que detrás del imperio de David Murcia y su epicentro en el Putumayo se movían ríos de dinero de Macaco. Después se logró establecer que el personaje era también un zar de la minería ilegal en el sur de Bolívar o el Bajo Cauca, y que además de ser un verdadero potentado en tierras, tenía cultivos de palma de aceite, empresas madereras, firmas de transporte e inversiones en el fútbol, especialmente en las divisiones menores o en transacción de jugadores.

 

Hacía el año 2011, ya Macaco era muy visitado por fiscales y  jueces. Condenado a 33 años de prisión en Estados Unidos, sus declaraciones, entre estratégicas y omisivas, fueron dándose al ritmo de los escándalos. Trascendió que años atrás él había encabezado una colecta para garantizar en la Corte Suprema la elección del fiscal Mario Iguarán, pero aunque lo atribuyó a un montaje del círculo cercano al excongresista Mario Uribe, el tema sigue rondando. También puso a temblar a más de uno cuando le pidieron que hablara del general Mauricio Santoyo y de otros oficiales de la Policía Nacional. 

 

Por esta misma vía, a finales de 2013 puso contra las cuerdas al general (r) Flavio Buitrago, a quien también señaló de ayudar a los narcotraficantes Luis Agustín Caicedo, Julio Lozano y Daniel El Loco Barrera. De paso, aunque sin quererlo, puso en aprietos a su hermano Roberto Jiménez, quien tuvo que cancelar sus actividades políticas en Dosquebradas. Paradójicamente ha sido de los jefes paramilitares que menos han señalado a políticos. Él asegura que nunca le gustaron. De los pocos a los que le abrieron proceso por su supuesta cercanía fue al senador Habib Merheg.

Hace cinco meses fue expulsado de Justicia y Paz porque ya está claro que después de desmovilizarse siguió delinquiendo. Aún así, sigue recibiendo fiscales y jueces. Estados Unidos lo permite porque también abre sus propias sendas. Esta semana cumplió ocho años en prisión y, según los entendidos, todavía no llega a la mitad de sus verdades por contar. Por lo pronto ya surgió una nueva veta inesperada:  esclarecer si en la Corte Suprema se estaban embolatando sus testimonios, que al menos ya le costaron el puesto al magistrado Álvaro Pastás.     

 

 

Enfrentando a algunos de los comandantes paramilitares, como Jorge 40, por una cifra estimada inicialmente en US$5 millones, los hermanos Castaño Gil le entregaron a alias Macaco parte de su ejército privado en al menos 8 regiones del país. Los Castaño también le suministraron al narcoparamilitar licencias para que entrara a zonas inexploradas para la guerra en ese entonces. De esta manera nació el bloque central Bolívar, que llegó a tener cerca de 7.000 hombres a su servicio.

En sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, Macaco aceptó su responsabilidad por 4.000 muertos, 2.500 parapléjicos y 5.000 heridos en combate.  

 

 

En septiembre de 2008 una fiscal de la Unidad de Lavado de Activos acusó a 17 miembros de la red de narcotráfico de Macaco por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de dinero. Entre los mencionados aparece la esposa del exjefe paramilitar. El proceso se inició en noviembre de 2006, luego de que un grupo antinarcóticos de la Policía relacionara el informe Nº 790, que daba cuenta de una red de narcotráfico que utilizaba lanchas rápidas para sacar el alcaloide hacia Centroamérica, desde donde era enviado a Estados Unidos. Dicho informe consignaba la incautación de casi 12 toneladas de cocaína que transportaban varias embarcaciones, en hechos ocurridos entre septiembre de 2006 y marzo de 2007, y detalló que en Panamá los distribuidores de la droga le entregaban a la organización los ilícitos dineros que después, sin mayores registros, aparecían “limpios” dentro del patrimonio de compañías como Casa del Ganadero y Ganadera el 45, entre otras, de Macaco.